Hace unos días se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley de Geolocalización. Se compone de una serie de reformas a diversas leyes penales y de telecomunicaciones que buscan combatir a la delincuencia organizada como el secuestro, la extorsión o las amenazas. Esta premisa la intentó el extinto Registro Nacional de Usuario de Telefonía Móvil (Renaut).
La ley fue impulsada por Alejandro Martí, Presidente y Fundador de la Organización México SOS. En una columna en la página de Animal Político, mencionó algunas de sus características:
- Regulará legalmente un comportamiento que ya existe de facto. (Actualmente las autoridades ya acceden a información de localización geográfica sin necesidad de un proceso y de manera totalmente discrecional)
- Permitirá el bloqueo inmediato de los equipos reportados como robados o extraviados, para evitar sus utilización para fines delincuenciales.
- Obligará a que los teléfonos cuenten con una combinación de teclas de fácil acceso que permitan enviar señales de auxilio.
- Establece responsables operativos en la función de colaborar con las autoridades en la localización geográfica, es decir, sabremos quienes son los responsables de brindar la información de geolocalización de una persona.
- Contempla la geolocalización en tiempo real de llamadas telefónicas en caso de secuestro.
- Cortará señales de celular al interior de los penales para eliminar las llamadas de extorsión.
En esencia, estas disposiciones legales establecen que las compañías telefónicas deberán proporcionar los datos a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la ubicación de una persona en tiempo real de un aparato asociado en una determinada línea, por lo que en el papel tendría buenas intenciones. Alejandro Martí dijo que “será posible conocer a mediano plazo los resultados de esta reforma, al recabar cifras correspondientes a secuestros y extorsiones en el todo país”.
También contempla que la PGR no solicite una orden judicial sino por “simple oficio o medios electrónicos” todos los datos de geolocalización en tiempo real al concesionario. Si se niega a proporcionar la información a la autoridad judicial, será sancionada con 250 hasta 2,500 días de salario mínimos de multa (alrededor de MXN$155,825).
Por otro lado, la Ley de Geolocalización abarca el problema de las cárceles mexicanas. Esto a raíz de los motines, escándalos de corrupción además de convertirse en el centro de operaciones de la delincuencia organizada para extorsionar y amenazar, entre otros delitos.
En uno de los artículos se establece que las cárceles deberán contar con equipos que bloqueen o anulen permanentemente la señal de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de datos e imagen dentro del perímetro de los establecimientos penitenciarios. Los equipos deberán ser operados por autoridades distintas a las cárceles y ubicados en centros remotos. Estarán bajo continua supervisión y contará con una señal de alarma para que ante cualquier interrupción, emita una alerta al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al respecto, la organización Fundación Frontera Electrónica (EFP, por sus siglas en inglés) ha cuestionado la legalidad de la Ley de Geolocalización porque se le daría a la PGR una “carta abierta” que conllevaría un potencial abuso de la información de millones de mexicanos para ubicar por geolocalización a una persona simplemente porque “parece sospechosa”. Es preocupante que las autoridades tengan acceso de forma discrecional a nuestra información, ya que acarrearía una grave violación a la privacidad.
Sin duda la Ley de Geolocalización tiene bastantes puntos para la discusión. Si bien el Gobierno Federal intenta tener autoridades confiables en el uso de nuestra información, el añejo problema de México ha sido la opacidad en los procesos judiciales. Y si esto no se corrige, se podría asomar otro fracaso como lo fue el extinto Renaut. Veremos que sucede.
Links:
- ¿Qué es la Ley de Geolocalización? (Animal Político)
- PGR podrá geolocalizar en tiempo real a usuarios de telefónicas (Animal Político)
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